La Ley de Justicia Gratuita

Justicia gratuita Claves para entender la reforma de Gallardón (Vol.1)

El proyecto de ley de Justicia Gratuita se está tramitando actualmente en el Congreso, tras su aprobación inicial por el Consejo de Ministros en el mes de febrero de este año y, al igual que las restantes modificaciones legislativas propuestas por el Ministro de Justicia, está siendo objeto de duras críticas por diferentes sectores de la sociedad, entre ellos, por el colectivo de abogados. Las novedades que introduce, que veremos sucintamente, suponen de nuevo un ataque al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que proclama el artículo 24 de la C.E. Supone, en síntesis, mayores dificultades para los ciudadanos a la hora de acceder a la Justicia porque, entre otros aspectos, supone la inclusión de mayores trámites burocráticos (papeleo) a la hora de obtener el servicio de justicia gratuita, genera costes innecesarios y no respeta la labor de los abogados ni de los colegios profesionales. El propio consejo General de la Abogacía Española se ha manifestado en este sentido, y las opiniones de los Decanos de significativos colegios profesionales así lo han refrendado.

Veamos el porqué de todo ello antes de emitir una opinión:

Perjuicios al ciudadano.

Disminución de la calidad del servicio del Turno de Oficio. La norma suprime la obligación existente hasta ahora para el abogado, de residir o contar con despacho profesional en el lugar donde preste efectivamente los servicios para el Turno de Oficio (que normalmente es el lugar de su colegio de Adscripción). El artículo 25 tan sólo exige al letrado que pueda personarse en la instancia judicial –o comisaría, debería añadir- en el plazo máximo de tres horas desde que fuere requerido. En la práctica esto puede suponer que todo abogado pueda darse de alta en el Turno de Oficio de cualquier colegio profesional de España, resultando inverosímil que un colegiado residente en Bilbao pueda acudir a tiempo a prestar el servicio de asistencia a un detenido en Granada, si allí se inscribió; como inverosímil resulta que en un asunto civil de familia, por poner otro ejemplo, el abogado resida en Cáceres y su cliente en Barcelona.

Por tanto, esta previsión, lejos de mejorar la calidad del servicio dada la ampliada competencia de otros abogados, perjudica al propio ciudadano alejando un servicio público casi de “primera necesidad”. Si la relación cliente abogado se basa en la confianza y la cercanía, flaco favor se hace a unos y otros, dificultando además la tan importante tarea de control de los colegios sobre las actuaciones de los abogados en relación con malas praxis. La calidad del servicio, en definitiva, se reduce considerablemente.

La vinculación con la Ley de Tasas.

Es un absurdo que se diga que con la Ley de Tasas puede financiarse -y vaya a hacerse- el servicio de defensa que el Estado debe suministrar a los ciudadanos sin recursos. Sobre todo porque aquélla es posiblemente la norma que mayor rechazo social en todos los ámbitos ha provocado en los últimos tiempos, aunando a colectivos del mundo del derecho, políticos y, satisfactoriamente, a la propia ciudadanía, que empieza a vislumbrar la clara afectación de sus derechos. De hecho, según las fuentes citadas en este comentario, la Ley de Tasas (que abordaremos en otro post) está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (planteados por las CCAA de Aragón, Cataluña, Andalucía y el PSOE) y de varias cuestiones de constitucionalidad, promovidas por nuestros jueces y tribunales.

La modificación de los umbrales de acceso a la Justicia Gratuita.

La norma prevé el aumento de los importes establecidos para el acceso a la Justicia Gratuita, con criterios que alejan todavía más a las personas de dicho servicio bajo la apariencia de lo contrario. El abanderado de esta reforma es el argumento de que se han incrementado los umbrales vigentes para acceder al servicio atendido el encarecimiento que supone la inclusión de las tasas judiciales (omnipresentes, como vemos); esto es, que se incrementa la cifra de ingresos que daría derecho al servicio “para evitar que pueda verse limitado el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos”. Así, el umbral de dos veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) se eleva a dos veces y media del IPREM (Indicador de Renta de Efectos Múltiples; para el caso, el equivalente) y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro, lo que, traducido a cifras supone pasar de 14.910,28 € a 15.975,33 € en el primero de los casos (es decir, apenas 80 € al mes), y a 19.170 € en el segundo (menudo aumento para una familia de cuatro personas Sic!).

Lo que no se comenta tanto es que la reforma perjudica a las unidades familiares de una sola persona (que no son pocas, en la actualidad), ya que el umbral de 14.910 € anuales que se venía exigiendo pasa a reducirse tan sólo a 12.780 € (177,5 € al mes). No sería justo no alabar que es gratificante que se contemple la Justicia Gratuita para familias con circunstancias especiales de enfermedad o de discapacidad, si bien el aumento ni es significativo (unos dos mil € anuales) ni se prevé su adaptabilidad a cada caso en concreto; o que se incluya como beneficiarios de la Justicia Gratuita a las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, menores de edad y discapacitados con independencia de la insuficiencia de recursos; así también para determinados trabajadores y beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social o las previsiones en idéntico sentido para la Cruz Roja y asociaciones en defensa de personas con discapacidad, consumidores y usuarios o sindicatos.

Pero lo que no es de recibo, por lo menos para los juristas –como lo es quien escribe- es que se justifique la reforma en que el Tribunal Constitucional “ha avalado” su espíritu, pues no hay más que echar un vistazo a la STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 en la que se apoya el preámbulo de la Ley de Tasas, para ver que cuando el Alto Tribunal acepta el pago de unas tasas para sufragar los costes de la justicia lo hace en referencia a las grandes entidades mercantiles, añadiendo, y hete aquí lo importante, que este sistema “… podría verse modificado si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas […] fuera tan elevada que impidiera en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizara en un caso concreto en términos irrazonables…”, añadiendo que “… la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia…”. De las sumas a satisfacer en concepto de tasas hablaremos en otro post.

El aumento de la burocracia (trámites) para la obtención del servicio.

La reforma mantiene un sistema dual en la tramitación de los expedientes de obtención del servicio de Justicia Gratuita, pues además de los colegios profesionales las solicitudes, expedientes y designaciones son ratificados por las Administraciones Públicas, lo que supone un gasto público innecesario y una doble estructura que dilata el reconocimiento del derecho del ciudadano a la Justicia Gratuita.

No sería mala idea confiar de una vez la gestión en los magníficos colegios profesionales de nuestra geografía, cuya labor, a fecha de hoy, ha sido y permanece intachable. Contrariamente a ello, se obliga a estas instituciones a llevar a cabo una labor investigadora del patrimonio de los candidatos, cuando es la propia Administración Pública quien mejor preparada –e informada- está para estos quehaceres; sobre todo con los nuevos sistemas de averiguación patrimonial.

Quiebra del principio de Igualdad constitucionalmente reconocido.

La extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (arriba citadas) al margen de sus recursos económicos, por más que se asienten en razones de equidad y utilidad social, no deja de ser una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio (criterio sí marcado por el T.C.), y en un contexto de crisis económica y constantes recortes, puede provocar situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos.

Merma en la retribución de los profesionales que prestan el servicio.

La recentralización del servicio que pretende la reforma invade competencias de Comunidades Autónomas en las que se encuentra cedida como tal la Justicia. Todo ello con el escondido fin de una reducción (probablemente cercana al 30%) de los módulos de pago del Turno de Oficio, menospreciando la labor de miles de abogados ya de por sí mal pagados en la actualidad si se comparan con nuestro entorno europeo las percepciones de estos profesionales. Desorbitada es, desde luego, y veremos cómo termina, la previsión de que el abogado asuma los costes de una defensa cuando sea improbable el cobro por encontrarse el cliente en paradero desconocido.

Presunción de abuso de derecho del justiciable.

Y lo nunca visto, es que se establezca la presunción de fraude del ciudadano a partir de la tercera vez que en un año acuda a la Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, procediendo en tal caso a investigar si la petición está justificada o no para su concesión, o en su caso revocación con condena en costas. Como si una persona sin recursos no pudiera tener más de tres problemas al año (sí las que los tienen, ahí no pasa nada) o como si no se tuvieran que extremar las cautelas en cualquier caso. Sin mayores comentarios.

Las anteriores cuestiones no agotan los problemas ni la crítica a la Ley de Defensa Gratuita. Una norma que olvida problemas existentes como la financiación de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria para personas privadas de libertad; una norma que no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita, pues las tasas judiciales en su periplo hasta hoy han mostrado el fracaso en su recaudación y el efecto disuasorio que irradian con un descenso generalizado de la litigiosidad; una norma que junto con otras propuestas y proyectadas por la actual Cartera de Justicia –que comentaremos-, no hace sino entorpecer el acceso del ciudadano a la justicia; y es que no se puede “descolapsar” nuestro sistema judicial a base recortes en derechos fundamentales.

Es, por tanto, el momento de que más allá de los colectivos profesionales afectados el ciudadano tome conciencia de que ante todo y pese a todo, él es el principal y último afectado por los cambios normativos; y no precisamente para bien.

Puedes consultar puedes consultar la sentencia íntegra del T.C. aquí.

Si es de tu interés la doctrina del T.C en materia de tasas judiciales puedes consultar el siguiente enlace: http://analistastc.com/2012/11/21/la-ley-de-tasas-judiciales-y-la-sentencia-202012-del-tribunal-constitucional/

Si deseas conocer la opinión de la Abogacía Española en materia de tasas puedes dirigirte a: http://www.abogacia.es/2014/02/24/la-abogacia-considera-que-el-proyecto-de-ley-de-justicia-gratuita-menoscaba-el-derecho-de-defensa-de-los-ciudadanos/, y/o  a http://www.expansion.com/2014/04/01/juridico/1396351402.html

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

2 comentarios

  1. Es indignante lo que están haciendo con el ciudadano. Gracias Alex por compartir esta información con el público; sitios así hacen que las personas estemos enteradas de lo que sucede en la sociedad.

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