Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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Claves para entender la reforma de Gallardón (Vol. 2)

Sin duda la reforma de la LOPJ es de las pretensiones más ambiciosas y complejas en materia de justicia que se pueden plantear. Por ello y con el fin de conjugar el ánimo de exhaustividad con la relativa brevedad de cualquier post bloguero, nos veremos en la obligación de dedicar más de un artículo o entrada en este blog para describirla mínimamente.

Una revisión a fondo de la LOPJ –cuyo precedente, aún en vigor, data de 1985- hacía falta, las cosas como sean. Otra cosa será que la que tenemos entre manos sea acertada en las medidas que instaura, pues en cuanto a razones no le faltan si lo que pretende es la agilización definitiva de la Justicia adaptándola a la realidad social y jurídica contemporánea.

Para tales fines se acude a un determinado número de medidas que puede dividirse en tres categorías principalmente:

–       La reorganización de los tribunales.

–       La especialización judicial y la profesionalización de determinados Operadores.

–       El incremento de la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.

2.1 La reorganización de los tribunales

La figura estelar es la creación novedosa de los llamados «Tribunales Provinciales de Instancia» (TPI), llamados a aglutinar a todos los juzgados existentes bajo la fórmula de «Unidades Judiciales», así como suprimiendo las Audiencia Provinciales cuya función juzgadora corresponderá a las «Secciones de Enjuiciamiento» de los TPI.

Esta nueva figura da al traste con los actuales Partidos Judiciales y funcionará con un sistema de reparto provincial de asuntos, que todavía está por ver qué significa –aunque se anuncie su funcionamiento con arreglo a criterios predeterminados y objetivos- pero que pretende terminar con las desigualdades actuales entre juzgados por las distintas cargas de trabajo, mediante la reasignación de efectivos dentro de un mismo órgano judicial. Eso sí, por lo visto se identificará la plaza que ocupe cada juez con el Tribunal Provincial de Instancia al que pertenezca, el orden jurisdiccional, si es juez unipersonal o miembro de una sección colegiada, y si tiene funciones especializadas (mercantil, familia, penal, etc.)

Al parecer todo ello agilizará la justicia (con la posibilidad de sustituciones entre jueces) y fomentará la profesionalización de la carrera judicial propiciando la mejora en la calidad de las resoluciones, lo que a su vez conlleva un pretendido aumento en la seguridad jurídica.

La seguridad jurídica también es el argumento utilizado para que los «asuntos de especial trascendencia» (Sic!) sean instruidos por un colegio de tres jueces (ya veremos en la práctica en qué se traduce esto sino es en mayores dificultades para ponerse de acuerdo), y para que se celebren plenos para la unificación de doctrina.

La contrapartida a la tan pregonada profesionalización, sin embargo, aparece en forma de la supresión de los jueces de paz y en la centralización de la justicia en la capital de cada provincia en detrimento de los Partidos Judiciales, por lo que las críticas no se han hecho esperar. Respecto de aquéllos por la utilidad que tienen en labores de auxilio de la justicia (pensemos en las notificaciones y emplazamientos en pequeñas poblaciones) más que en las labores de enjuiciamiento (que también), limitadas casi a pequeños ilícitos (faltas, riñas vecinales) o antiguamente en juicios verbales de escasa entidad. Respecto de los segundos, porque con mayor o menor fortuna desarrollaban una justicia de mayor proximidad al ciudadano (que no se veía obligado a desplazarse a la “gran ciudad” para acudir a un juicio) y, porqué no, al profesional con despacho en la localidad que ahora también se verá obligado a desplazarse por cualquier gestión o juicio a la capital. Y eso, por más que se diga que se mantendrán todas las sedes existentes –judiciales, se entiende-, porque de ser así ya estaba bien la estructura como estaba dado el lío que se puede organizar de entrada con el nuevo sistema, por no hablar de que no se agotaría la obligación de trasladarse continuamente en este caso de jueces, fiscales, y demás operadores del Derecho.

Al parecer, los Juzgados de Paz quedarán relegados a funciones de apoyo y acceso al Registro Civil.

Pese a que la «sede oficial» del TPI deberá estar en la capital de cada provincia, se prevé la posibilidad de mantener «sedes desplazadas ya existentes» en función de criterios geográficos (distancia de la sede a la capital de provincia), demográficos (volumen y dispersión de la población en la provincia), logísticos (carga de trabajo de los órganos existentes y tiempo de desplazamiento en transporte público desde la sede desplazada hasta la capital de provincia) y de aprovechamiento de recursos (existencia y aprovechamiento de edificios existentes o posibilidad de amortización de las inversiones realizadas en las sedes desplazadas), lo que nuevamente hace que nos preguntemos si no estaba bien ya la división en Partidos Judiciales.

Por otro lado, se prevé que el reparto provincial de asuntos sea una realidad a los seis meses de la entrada en vigor de la LOPJ, si bien la estructura de la demarcación judicial definitiva queda relegada a la Ley de Demarcación y Planta o mejor dicho, a la reforma –otra perlita que abordaremos en sucesivas entradas- que también pretende el Ministerio.

Estructuralmente cada TPI contará con cuatro «Salas», una por cada orden jurisdiccional (Civil, Contencioso, Social y Penal), y estas se dividirán en «Unidades Judiciales» (jueces unipersonales) y «Secciones» (formadas por tres magistrados, para la instrucción de los casos especiales).

La Sala Penal podrá contener “secciones” especializadas en garantías de la Instrucción, enjuiciamiento, ejecución de penas y medidas de seguridad, violencia sobre la mujer, menores y delitos económicos.

La Sala Civil hará lo propio con las especialidades de mercantil y familia.

Y la Sala Contencioso-Administrativa, en materia tributaria. La Sala Social será única, al parecer.

Por lo que se refiere a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), cuyas competencias abordaremos en la siguiente entrega, se prevé su mantenimiento como órganos superiores a nivel autonómico manteniendo las sedes oficiales de que disponen el la actualidad (excepto para Ceuta y Melilla, que se integran en el de Andalucía).

Respecto de la Audiencia Nacional, se establece igualmente el sistema de «Salas» (dos en este caso, Penal y Contencioso), pasando los actuales Juzgados Centrales a integrarse en las correspondientes «Unidades Judiciales» y una «Unidad Colegiada» para cada Sala que se encargaré de juzgar. Habrá también tres «Salas Superiores» para Penal, Contencioso y Social.

El Tribunal Supremo mantiene su estructura de cinco «Salas» para las distintas jurisdicciones (Civil, Contencioso, Penal, Social y Militar), introduciéndose tres «Salas Especiales de Conflictos»; una para resolver aquéllos que se produzcan con los restantes poderes públicos, otra para los conflictos con la Jurisdicción Militar y la tercera, para los conflictos entre juzgados de distinto orden jurisdiccional. La llamada «Sala del 61» pasa a llamarse «Sala de Asuntos Generales».

Este es, someramente, el panorama estructural de nuestra Justicia que se nos plantea, no sin importantes incertidumbres acerca del funcionamiento e implantación, así como del coste de todo ello que, esperamos humildemente, no se pretenda financiar con el pago de las tasas judiciales impuestas recientemente.

Si la materia es de vuestro interés, podéis acudir a los enlaces siguientes:

http://www.elderecho.com/tribuna/administracion_de_justicia/Principales_novedades_introducidas_por_el_anteproyecto_de_reforma_de_la_ley_organica_del_poder_judicial_11_665680001.html

O consultar el texto íntegro aquí.

También en la propia web del Poder Judicial con informes particulares.

Además, conocer las críticas de operadores como Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales.

Finalmente, podéis consultar nuestra opinión sobre la Reforma a la Ley de Justicia Gratuita.

Alex Garberí Mascaro

@GarberiAbogados

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4 comentarios

  1. Genial comentario introductorio sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrá que ver si realmente sirve para agilizar y modernizar la estructura judicial en España, pero parece que todos los pronósticos emitidos hasta la fecha, por los distintos profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, son bastante desfavorables.

  2. Buen artículo. Para cuándo la siguiente entrega?

    Saludos.

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