Asistencia en comisaría (II): El derecho a no declarar y la intervención del abogado

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Hace algunas semanas abordaba en otro post el tema de los cacheos policiales (que podéis leer en este mismo sitio), dejando abiertas varias cuestiones íntimamente relacionadas con la asistencia en comisaría y los derechos del detenido, que no pocas veces declara sin saber exactamente lo que hace y sus consecuencias. Y a ello contribuye de forma nada desdeñable el comportamiento de algunos funcionarios policiales que, en un claro exceso de celo en el ejercicio de sus funciones, recomiendan al sujeto colaborar en la investigación (por decirlo de una manera suave). Y, encima, si el abogado interviene para darle el mejor consejo posible a su cliente, es decir, que no declare, se arriesga a que esos mismos funcionarios pretender darle una reprimenda del tipo «… Vd. no puede hablar hasta que finalice la declaración…», o que, yendo más allá, le presenten una queja ante el correspondiente Colegio de Abogados como ha sucedido recientemente con tres compañeros de Madrid y funcionarios de la B.P de Información del C.N.P.

Aclaremos varias cosas:

1.- El artículo 520.2 de la LECrim establece que antes de cualquier diligencia se informará al detenido de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen (y, especialmente, si supone declarar contra sí mismo), a no confesarse culpable y a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

2.- El mismo artículo 520, apartado 6, recoge un decálogo de las actuaciones que el abogado podrá llevar a cabo en el curso de la detención de su cliente, siendo la que mayores problemas provoca en la práctica la reflejada en la regla “c” de dicho precepto (“Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido”).

Ya avanzo que en mi opinión las actuaciones reflejadas en el artículo 520.6 L.E.Crim. no pueden considerarse un numerus clausus puesto que la ley no refleja el carácter cerrado y limitado de la actuación del abogado, y tampoco puede considerarse limitado a tales actuaciones el sacrosanto derecho de defensa que el abogado ejerce.

Dicho lo anterior, y, debido a la malintencionada –o ignorante- interpretación que los cuerpos policiales efectúan en no pocos casos de la intervención del abogado para con su cliente detenido, con el que hasta ese momento no ha podido hablar, es necesario sentar de una vez las siguientes premisas:

–      Que el abogado no pueda entrevistarse con su cliente de manera reservada hasta después de la diligencia (declaración) en que haya intervenido, no significa que no pueda dirigirse al mismo efectuándole la mejor de las recomendaciones: no declarar (luego veremos la importancia de las declaraciones vertidas durante la detención).

–      El TC, ya en su Sentencia 199 del año 2003, vino a establecer que “… el derecho del detenido a la asistencia letrada en las diligencias policiales y judiciales, reconocido en el art. 17.3 CE, adquiere relevancia constitucional como una de las garantías del derecho a la libertad protegido en el apartado primero del propio artículo. En este sentido su función consiste en asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio…”, lo que conlleva el deber del abogado de asesorar a su cliente sobre la opción más conveniente para él, que como decimos, será en muchos casos la de no declarar.

–      La propia Unión Europea ha propiciado esta jurisprudencia con motivo de la promulgación de la Directiva 2013/48/UE, del Parlamento Europeo, cuyo artículo 3.2.a obliga a los países miembros a garantizar que los detenidos tengan acceso al abogado antes de prestar declaración en comisaría, lo que parece que está tardando en integrarse en nuestro ordenamiento si bien, nadie puede dudar de su aplicabilidad inmediata como normativa europea.

A la luz de lo expuesto, pues, es claro que la declaración del detenido en comisaría sin haber podido entrevistarse previamente con su abogado difícilmente va a beneficiarle. No obstante, creo sinceramente que la labor del abogado en esos momentos se verá cumplida siempre que su cliente entienda claramente que puede ejercer su derecho a no declarar en ese momento para trazar la mejor estrategia de defensa con posterioridad; la dificultad estriba en la errónea concepción –no pocas veces inducida- de que el negarse a declarar puede ser mal visto para el Juez Instructor, bajo el viejo –y no superado axioma- de que el inocente no tiene nada que esconder, craso error, que choca frontalmente no sólo con la doctrina constitucional del derecho constitucional a guardar silencio y del silencio mismo, sino con las posibilidades de defensa formales que todo abogado maneja.

Existe además, una interesante doctrina acerca de las declaraciones o manifestaciones “espontáneas” prestadas –sería mejor llamarlas “soltadas”- por el detenido en el curso de una detención, habiendo sido o no informado previamente de sus derechos pero sin la presencia de letrado, que abordaremos en el siguiente post ya que complementa los conocimientos que todo abogado penalista debe manejar en esta fase embrionaria del proceso, y para las que adquiere notoria relevancia el momento en que sean impugnadas. El problema para ello, es que, como todos sabemos, el abogado no tiene acceso a los atestados hasta tanto no comparece en el juzgado correspondiente, sea el de guardia, sea el de reparto.

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

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