El proceso penal (I): Algunos problemas con el principio acusatorio

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El principio acusatorio que rige en el proceso penal es uno de los pilares de mayor relevancia en el marco de un proceso equitativo y con todas las garantías que exige el artículo 24.2 C.E.

El principio acusatorio, que supone en términos generales el derecho a no ser declarado culpable de aquello de lo que no se es acusado, sobrevuela a lo largo de todo el proceso penal. Y ello porque el citado artículo 24.2 CE ya contiene una primera manifestación cual es el derecho a ser informado de la acusación que asiste al imputado, lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 L.E.Crim., debe tener lugar desde el preciso instante en que el proceso penal se dirija contra persona determinada ya que desde entonces deberá poder ejercerse el derecho de defensa. No existe discusión al efecto.

Ahora bien, como tal, el principio acusatorio adquiere su mayor relevancia en el seno del Juicio Oral porque es en esa fase donde se desarrollan con plenitud de efectos las pruebas que podrán sentar una condena y, por ello, deberán respetarse con mayor rigor las garantías legales previstas en orden a evitar cualquier pronunciamiento arbitrario; cualquier indefensión relevante.

No son pocas las ocasiones en que los que ejercemos la defensa en estrados alegamos infracción del principio acusatorio, ni escasos los supuestos en que se vulnera, si bien, es preciso conocer la jurisprudencia –sobre todo constitucional- emanada entorno a dicho principio y a los preceptos que, en el seno del Juicio Oral, regulan determinadas figuras llamadas a evitar su infracción, para apercibir que, como siempre, el tema se reconduce a un problema de indefensión (o mejor, de interdicción de la misma).

Aunque los supuestos posibles son más numerosos, suscitamos aquí dos grandes hipótesis en las que no pocas veces pueden surgir problemas con el principio acusatorio en el Plenario, y que el abogado penalista debe saber afrontar:

a)   Qué sucede cuando el Fiscal y/o las acusaciones personadas vienen acusando por un delito concreto y, tras la práctica de la prueba, modifican las conclusiones definitivas con introducción de una calificación jurídica novedosa respecto de las provisionales.

b)   Qué sucede cuando las acusaciones mantienen su calificación a la hora de elevar a definitivas sus conclusiones, siendo la sentencia la que motu propio condena por delito distinto.

Para el primero de los supuestos, la consolidada jurisprudencia constitucional (véanse, desde la célebre –y una de las primigenias- STC 12/81, hasta la evidenciadora STC 33/2003, por citar algunas) entorno al derecho de defensa nos recuerda que el derecho a ser informado de la acusación se extiende no sólo a lo que se consideran hechos punibles sino también a su calificación jurídica, proscribe las acusaciones implícitas y tácitas o en términos vagos e indeterminados (SSTC 36/96, de 11/3; 33/2003, de 13/2; 299/2006; 347/2006, de 11/12) e impone la necesaria congruencia entre acusación y fallo a determinar a partir del momento de la fijación definitiva de las calificaciones por la acusación.

En esta línea, la modificación de los hechos y/o de su calificación jurídica en el escrito de conclusiones definitivas respecto de su predecesor, puede ocasionar lesión al derecho de defensa si el acusado no pudo ejercer de forma plena su defensa –o rectificar su estrategia- respecto de las modificaciones introducidas en las calificaciones definitivas al final del juicio oral. Y esto es así, en tanto no puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el juicio oral. Por ello y en evitación de indefensión alguna nuestra Ley Rituaria contiene las siguientes previsiones:

  • Las del artículo 746.6, para el caso de que “… revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción complementaria…”, posibilitando el artículo 747 decretar la suspensión del Plenario. La importancia de estos preceptos reside en que será el abogado defensor quien, a la vista de esas “revelaciones o retractaciones inesperadas”, deberá instar en Sala la práctica de nuevas pruebas previendo que las acusaciones puedan mutar en sus conclusiones definitivas los hechos o las calificaciones definitivas ya que, de no hacerlo, esa falta de diligencia dará al traste con un posible alegato ulterior de indefensión por vulneración del principio acusatorio.

§ La del artículo 788.4, para el caso de que la acusación modifique en conclusiones definitivas la calificación (sea la tipificación penal, sea el grado de participación o cualquier circunstancia modificativa de la responsabilidad), caso en el que (ojo!), “… El tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes…”.

Debe tenerse en cuenta, empero, que ningún reproche merecerán aquellas modificaciones efectuadas entre calificación provisional y definitiva (y aún entre acusación y fallo) si no son esenciales respecto de la concreta figura delictiva por la que finalmente se condena, esto es, si permanecen inalterables los elementos esenciales del hecho que constituye la infracción penal a partir de la fijación normal de la acusación en las calificaciones provisionales. Dado que el derecho a ser informado de la acusación se ciñe a serlo de aquellos elementos fácticos y jurídicos que conforman el hecho constitutivo de delito y su correspondiente calificación jurídica, si estos ya figuraban en la calificación provisional, la modificación en la calificación definitiva no implica condena sin acusación, ni sin ejercicio de derecho de defensa.

Para la STS 669/01 lo verdaderamente importante en respeto del principio acusatorio es que el relato de hechos sea respetado en sus “líneas esenciales” (se contengan los elementos fácticos que integran el tipo delictivo). Y, en respeto del derecho de defensa, que el relato fáctico de la calificación acusatoria sea completo (incluyendo todos los elementos fácticos que integran el tipo objetivo de acusación y las circunstancias sobre la responsabilidad del acusado) y específico (permitiendo a la defensa conocer con precisión cuáles son las acciones que se consideran delictivas).

Por lo que se refiere al segundo de los supuestos, la cuestión se plantea también en términos de evitar toda indefensión; a saber:

§ El artículo 733 L.E.Crim. prevé el instituto denominado doctrinalmente como “Tesis”, por el que el Tribunal podrá pedir que las partes le ilustren acerca de si los hechos sometidos a debate configurarían tipificación penal distinta a la recogida en las conclusiones definitivas. Con ello se abriría la posibilidad, nuevamente y para el caso de que las acusaciones modificasen la tipificación, prevista en el artículo 788.4 de dicho Texto. La importancia de esta figura reside en que, de no usarse, cualquier mutación entre calificaciones y sentencia deberá pasar los filtros que la doctrina constitucional comentada impone, cuales son:

§ Que los términos fácticos únicamente pueden ser complementados o aclarados con elementos accidentales que surjan de la prueba practicada ante el Tribunal; y los jurídicos, acogiendo una subsunción técnicamente más correcta siempre que se trate de infracción igual o de menor entidad, y sea homogénea (véase, en este sentido, la reciente STS nº. 380/2014, de 14 de mayo de 2014, ponente Ilmo. Juan Ramón Berdugo de la Torre, con cita de abundante jurisprudencia del TC).

Deseamos poner el acento, para terminar, en el criterio de la homogeneidad, dado que existen algunos pronunciamientos que han pretendido suplir la falta de diligencia a la hora de utilizar el instituto del artículo 733 L.E.Crim., o, incluso, la falta de acierto a la hora de calificar alternativamente unos hechos por la acusación en las conclusiones definitivas, con una pretendida homogeneidad entre la figura por la que se acusaba y aquella por la que finalmente se condenó. Es el claro caso de concurso entre el delito de amenazas (artículos 169 y ss. C.P.) y el de extorsión (artículo 243 C.P.) o el de coacciones (artículo 172 C.P.), o entre el de extorsión y el de realización arbitraria del propio derecho (artículo 455 C.P.)

El tema de la homogeneidad, ciertamente, da para mucho. No en vano existen numerosísimos pronunciamientos judiciales que de manera directa o indirecta lo abordan, y por ello trataremos de dedicarle una nueva entrada más adelante. No por ello, sin embargo, renunciamos a la cita de dos casos que nos parecen muy ilustrativos:

§ El de la STS de 15/7/2011 (ROJ 5177/11), ponente Excmo. Sr. Carlos Granados Pérez, en la que se trata el tema de la homogeneidad entre los delitos de amenazas y extorsión con realización arbitraria del propio derecho, desestimando el motivo casacional porque no se habían discutido en juicio los elementos fácticos integrantes de la conducta cuya homogeneidad se pretendía (del tipo del artículo 455 C.P.) y esos elementos no habían sido objeto del escrito de acusación. Todo ello, al cobijo de la doctrina constitucional que venimos comentando y que dicha resolución menciona en su f.j. 4º, con cita de la STS 144/2011, de 7 de marzo, según la cual el requisito de la homogeneidad no ha de contemplarse desde una perspectiva meramente formal, nominal o retórica, de manera que la mera modificación del título de imputación por otro no comprendido en el mismo capítulo del texto legal ya determine necesariamente la vulneración del principio acusatorio, sino que debe atenderse ulteriormente a que la sustitución en sentencia genere una real y efectiva indefensión en el acusado por no poder alegar a su debido tiempo argumentos jurídicos susceptibles de desvirtuar la subsunción jurídica que realiza el tribunal.

Como afirma la STC 225/1997, de 15 de diciembre, los conceptos de identidad fáctica y homogeneidad en la calificación jurídica responden a “… la existencia de una analogía tal entre los elementos esenciales de los tipos delictivos, que la acusación por un determinado delito posibilita per se la defensa en relación a los homogéneos…”.

Entiende el autor, sin embargo, que a la hora de sentar la homogeneidad entre dos tipos penales se olvida a menudo que la subsunción en la sentencia no es tan sencilla y requeriría, en todo caso, que en la conducta calificada definitivamente por el Fiscal concurrieran los elementos integradores –objetivos y subjetivos- del tipo por el que se condena, y, más aún, no otros que en atención al principio de especialidad pudieran ser constitutivos de otra figura delictiva que no fue objeto de acusación. Por poner un ejemplo, que se acusara por delito de extorsión y no por realización arbitraria del propio derecho (figuras cuya homogeneidad reconoce la STS de 15/7/11 arriba apuntada), pero la sentencia, finalmente, condenara por delito de coacciones por entender (exclusivamente por ello) que el elemento coactivo de ambas figuras concurría en el relato fáctico de la acusación, declarado probado en sentencia.

§ El de la STS 391/2011, de 27 de enero, ponente Excmo. Sr. Colmenero Menéndez de Luarca, que analiza la imposibilidad de valorar dos veces la misma conducta violenta para calificar la concurrencia de coacciones y extorsión manifestando que “… Por lo tanto, la imposibilidad de valorar en dos ocasiones una misma conducta violenta al efecto de configurar dos infracciones diferentes, coacciones y extorsión, determina la estimación del motivo, ya que la violencia e intimidación que se integra por la Audiencia en el delito de coacciones es igualmente tenida en cuenta, como fenómeno en progresión, para constituir el delito de extorsión…”

Sentencia que, si bien pudiera parecer contradictoria con lo más arriba mantenido, no hace sino evidenciar, desde el abordaje de un elemental problema de non bis in idem (no utilizar dos veces una misma conducta violenta para justificar la condena por dos delitos distintos), que pese a que ambas figuras contemplan un elemento coactivo en la acción típica, para una mutación en sentencia con arreglo al criterio de la homogeneidad deben darse todos y cada uno de los elementos configuradores del tipo por el que se condena en los hechos sometidos a debate, lo que a su vez, no es más que una imposición del elemental principio de Legalidad que rige en nuestro ordenamiento.

Para el que quiera profundizar en el conocimiento del principio acusatorio la Sentencia de la A.P. de Palma de Mallorca 34/2013, de 27/5/13, contiene una descripción magnífica en su F.J. 9º. Algunos casos de concurso de delitos con arreglo al criterio de la homogeneidad, son el de la STS 595/2012, de 12 de julio de 2012; o el de la STS 846/2011, de 15 de julio de 2011, además de los citados en el mismo post.

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

Un comentario

  1. No es ocioso completar el artículo con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 2009 (F.J. cuarto), Sentencia del Pleno, que sienta un giro Jurisprudencial de su propia doctrina, favorable al reo.

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