Asistencia en comisaría (III): La declaración espontánea policial. La confesión

Confesion-Inducida-por-la-policia

Entiendo de sumo interés el valor que pueden tener las manifestaciones vertidas por una persona detenida, ante funcionarios policiales y sin la presencia de abogado, de manera espontánea en el curso de su detención y traslados. Ya advertíamos en otro post que en ocasiones esas “espontáneas” manifestaciones no lo son tanto, sino que vienen  propiciadas por desafortunados “consejos” de los propios policías. La Jurisprudencia también ha abordado este tema en diversas sentencias, como no.

La STS 5812/2013, de 3 de marzo, ponente Berdugo Gómez de la Torre, aborda el tema del valor de esas declaraciones afirmando en su F.J. 2º que “… Las declaraciones espontáneas de un detenido ante los funcionarios policiales, bien en dependencias policiales, bien en sus traslados, han sido consideradas aptas para enervar la presunción de inocencia por la jurisprudencia; SSS. 292/2012 de 11.4, 23/2009 de 25.1, 418/2006 de 12.4, 415/2005 de 23.2, 251/2005 de 3.3….”.

Por su parte,lac, de 22 de noviembre, a la que la anterior se remite expresamente, establece la diferencia entre lo que son “manifestaciones espontáneas” de un sospechoso a terceros o ante los agentes de la Policía, de lo que es una “declaración oficial” efectuada en sede policial, con asistencia de letrado y previa advertencia de los derechos.

Y ello porque respecto de aquellas primeras “… no existe inconveniente en admitir como medio probatorio el testimonio de referencia de los terceros o funcionarios policiales que hayan recibido esas manifestaciones espontáneas del acusado, si bien aclarando que en cualquier caso el testimonio es “de referencia” (auditio alieno) y así debe ser tratado en cuanto al contenido de la manifestación del acusado. No puede aportar fehaciencia en cuanto a la realidad o veracidad del contenido de lo manifestado, lo que evidentemente queda ajeno a su conocimiento, pero es “directo” (auditio propio) en cuanto al hecho en si de haberse producido o exteriorizado por el acusado y de las circunstancias en que se produjo….”

Completando la materia, la STS 418/2006, de 12 de abril y la STS 667/2008, de 5 de mayo, también citadas por la anterior, establecen que respecto a las manifestaciones espontáneas del acusado fuera del atestado, precisaron que el derecho a no declarar, que el recurrente habría expresado a los investigadores policiales, no se extiende a las declaraciones libres y espontáneas que el detenido quiera realizar, porque lo prohibido es la indagación antes de la información de derechos o cuando ya se ha ejercido el derecho a no declarar, pero no la audición de manifestaciones por los funcionarios policiales. Para estos casos, decía la STS 25/2005, de 21 de enero, las manifestaciones que fuera del atestado efectúa el detenido, voluntaria y espontáneamente, no pueden considerarse contrarias al ordenamiento jurídico y pueden ser concluyentes con los fines de la justicia, en definitiva, del interés social.

Y no menos interesante es la excepción recogida en las STS 156/2000, de 7 de febrero y 844/2007, de 31 de octubre, en las que se insistió en que las manifestaciones que una persona efectúa en sede policial, tras haber sido detenida y antes de ser informada de sus derechos, realizadas voluntaria y espontáneamente, no pueden ser contrarias, sin más, al ordenamiento jurídico, a no ser que dichas manifestaciones fuesen recogidos por escrito en el atestado instruido con motivo de los hechos y suscritas por el detenido, lo que está vedado a los instructores del atestado sin la previa información de los derechos que asisten al detenido. No obstante, si así se hiciera, la ilegalidad consiguiente tendría carácter de ordinaria y por lo tanto la prueba habría de conceptuarse de irregular, de manera que no deberá afectar a las restantes diligencias practicadas con pleno respeto a las exigencias legales y constitucionales. Por ello la jurisprudencia del TS (STS 1266/2003 de 2 de octubre), ha admitido la validez probatoria de la confesión extrajudicial, aunque ha exigido que se incorpore al juicio oral (STS 13 de mayo de 1984 y 1282/200, de 25 de septiembre) y sea sometida a debate contradictorio con presencia de aquellos ante quienes se realizó, de forma que las partes hayan podido interrogarlos sobre ese extremo.

En síntesis, pues, las declaraciones espontáneas realizadas por un imputado fuera del atestado no vulneran los artículos 17.3 y 24.2 CE pudiendo ser introducidas en el plenario a través del testimonio de los agentes de la autoridad que las escucharon, a fin de ser valorada esa prueba testifical en el acto del juicio por el órgano correspondiente.

La STS 365/2013, de 20 de marzo, resume la doctrina jurisprudencial sobre el tratamiento de las manifestaciones espontáneas del detenido a los agentes policiales: «… De cualquier forma este Tribunal viene considerando material probatorio utilizable las declaraciones espontáneas prestadas por el detenido antes de ser asistido de Letrado. La STS de 7 de febrero de 1996, -ya informado de sus derechos constitucionales, sin estar presente ningún Letrado, el detenido hace una manifestación que permitió la detención de sus correos- declaraba: «no existe obstáculo alguno para que los detenidos en una actuación policial proporcionen datos en caliente, de manera espontánea, libre y directa, que permitan continuar o completar la investigación y practicar detenciones preliminares, siempre que después, estos datos se incorporen al atestado con todas las garantías legales y sean contrastados a lo largo de las actuaciones y en el momento del juicio oral». La STS 1571/2000, de 17 de octubre admitió como prueba válida las declaraciones prestadas en el acto del juicio oral por los agentes policiales que testimoniaron acerca de las manifestaciones espontáneas realizadas por el acusado, tras su detención y una vez informado verbalmente de sus derechos, en el sentido de que no encontrarían nada en el registro de su vehículo porque la droga la traían los otros coimputados, lo que se comprobó posteriormente».

De la anterior doctrina jurisprudencial se puede concluir, que si bien las manifestaciones espontáneas de un detenido en sede policial una vez informado de sus derechos pueden formar parte del acervo probatorio, resulta evidente que en ningún caso podrán ser el único indicio de la participación del acusado.

Y en efecto esto es así, porque si se ha afirmado [en SsTC. 68/2010, de 18 de octubre y 53/2013, de 28 de febrero, por un lado, y SsTS. 256/2013, de 6 de marzo, 429/2013, de 21 de mayo y 608/2013, de 17 de julio] que las declaraciones autoinculpatorias en sede policial asistido de letrado no son una prueba de confesión ni es diligencia sumarial, y no es posible fundamentar un pronunciamiento condenatorio con exclusivo apoyo en una declaración policial en la que su emisor hubiere reconocido su participación en los hechos que se le atribuyen, y si se ha sostenido con reiteración que las declaraciones heteroinculpatorias de los coacusados, incluso en sede judicial, carecen de consistencia plena cuando siendo únicas no resultan mínimamente corroboradas por datos externos [SsTC 10/2007, de 15 de mayo, 91/2008, de 21 de julio, 57/2009, de 9 de marzo, 125/2009, de 18 de mayo y 134/2009, de 1 de junio], mucho menos valor deben tener estas manifestaciones espontáneas ante agentes de policía, sin asistencia letrada.

Dicho lo anterior, y enlazándolo con el contenido de nuestros posts anteriores, vemos que el panorama del detenido y de las manifestaciones que puede verter en el curso de su detención no es muy halagüeño. Por un lado, si declara antes de entrevistarse con su abogado puede perjudicar seriamente una posterior defensa toda vez que en esos momentos el abogado desconoce el alcance del contenido incriminatorio y, por ello, el margen de maniobra –improvisación incluida- para la defensa es poco. Si, además, resulta que existen manifestaciones “espontáneas” vertidas antes de la llegada del abogado el escenario empeora toda vez que no sabremos de su existencia hasta momentos posteriores, por lo que deberemos recomendar al cliente, siempre, que nos advierta sobre su posible existencia así como sobre posibles recomendaciones ya en esa entrevista reservada posterior a la declaración, para exigir a la policía una ampliación de la declaración en la que hacer constar tales vicisitudes; de ello dependerá, en gran medida, la posibilidad de impugnar en el curso del proceso la validez de esas pruebas.

Es por todo ello que la intervención del abogado en las primeras pesquisas, como la declaración policial, lejos de ser un elemento superfluo se erige como una eficaz herramienta con la que preparar ya una defensa en condiciones, que restablezca en ella el equilibrio respecto de las prerrogativas legalmente previstas a los cuerpos policiales y a la Autoridad Judicial. La falta de comunicación previa con el detenido (que parece va a cambiar a raíz de la más novedosa normativa europea), el secreto de actuaciones, la prisión provisional, etc., no dejan de ser institutos que dificultan la defensa del imputado y que deben ser combatidos, en el ejercicio del derecho de defensa atribuido al abogado, con el recurso a la imaginación –siempre dentro de la legalidad- y, sobre todo, con la seguridad basada en los conocimientos que atesoramos los abogados penalistas.

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

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5 comentarios

  1. Excelente artículo, Alex.

    Aquí vemos la delgada línea que separa la facultad-deber de los cuerpos de seguridad del estado a investigar hechos delictivos y los derechos del detenido a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable. Y parece que tanto el TS como el TC no se inclinan de manera clara por el segundo, consagrado constitucionalmente, sino todo lo contrario.

    La viñeta ilustrativa del post, con todos los respetos para estos cuerpos, no puede ser más clarificadora. Evidentemente todos intentamos hacer bien nuestro trabajo, aunque en estas situaciones cada vez nos lo ponen más difícil, ya que el requisito jurisprudencial de contradicción que se establece para considerar como prueba de cargo la autoconfesión sin garantías, es decir, la declaración en juicio de los agentes ratificando el contenido de esa «diligencia», no casa bien con la presunción de verosimilitud que se atribuye a las manifestaciones de los agentes de la autoridad.

    Bien dices, compañero, que tenemos que tirar de nuestra imaginación para prever por donde se la han intentado colar al cliente antes de nuestra presencia en comisaría.

    Un abrazo

    • Gracias por tus comentarios, Pepe. Coincido contigo respecto al requisito de la contradicción… pero, sin contradicción, que nos quedaría? Y no es que la misma sea la panacea, porque ya sabemos todos lo difícil que es desmentir en juicio las ratificaciones policiales cuando los agentes se enrocan en sus manifestaciones.

      En cualquier caso y, aún a riesgo de que nos llamen marrulleros, hay que poner de manifiesto cualquier irregularidad desde el primer momento.

      Un fuerte abrazo.

  2. Excelente artículo

  3. ion i palacios salaberria

    Muy completo el artículo, con Sentencias más recientes, que aunque mantengan la misma Jurisprudencia, siempre está bien renovar de cuando en cuando.
    😉

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