Las reformas encajonadas hasta septiembre

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En artículos anteriores hemos hablado en profundidad sobre las reformas legislativas planteadas por el ministro Gallardón y de las perniciosas consecuencias que en el ámbito judicial y social, cuando no en la esfera del ejercicio de la abogacía en nuestro país, pueden acarrear. Las redes sociales se han hecho eco de todo ello, gracias, en gran medida, a la labor de determinados colectivos que se han atrevido a alzar la voz y desvelar los entresijos de los verdaderos fines que tamaña vorágine legislativa esconde. No voy a citar nombres de compañeros, porque todos sabemos hoy día quién es quién y basta echar mano de las redes sociales para darse cuenta del grado de compromiso de algunos abogados, Decanos, Profesores de Universidad o sencillamente letrados de campo (en términos castrenses), de arena, entre los que me gusta incluirme.

Ahora, las últimas informaciones aparecidas en medios de comunicación cuentan el aplazamiento de la aprobación de múltiples normas para el mes de septiembre; todo ello pese a las múltiples manifestaciones de rechazo que se han elevado desde distintas organizaciones vinculadas la práctica jurídica.

Un reportaje publicado en el portal legal de elconomista.es resume telegráficamente las iniciativas del señor Gallardón que han quedado en el “tintero” a la espera de continuar su periplo legislativo en el mes de septiembre, incluyendo las rectificaciones provocadas por las voces de rechazo que se han elevado contra las modificaciones, que me ha parecido interesante reproducir con fines didácticos y, para que a estas fechas, con un ojo ya en la vuelta al mundo real, no se nos olvide continuar en la brecha contra lo injusto.

Así, por un lado, tenemos la reforma a la Ley de Servicios y Colegios Profesionales cuya aprobación estaba programada para el pasado mes de julio pero que una decisión sorpresiva a última hora del Gobierno evitó su inclusión en el Consejo de Ministros correspondiente y, por tanto, queda pospuesta para los próximos meses.

Entre los aspectos más relevantes del texto se encuentra la reducción de la colegiación obligatoria de 80 profesiones actuales a 38, lo que, como es natural, ha despertado el descontento generalizado entre los colectivos profesionales que se ven afectados por la normativa. En este sentido, recordemos que la manifestación del pasado 24 de julio –que contó con representantes de diversos Colegios de Abogados de toda España- mostraba su rechazo entre otras a esta importante iniciativa legal.

Otra de las reformas que ha desatado mayor polémica y rechazo es la que se cierne sobre la Ley de Justicia Gratuita. Es un hecho que los profesionales de la abogacía hemos manifestado nuestro repudio a la intención de cercenar el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia Gratuita. Esta premisa se convirtió una de las consignas elevadas durante la pasada manifestación del 24 de julio.

En un artículo previo ya habíamos expresado nuestra disconformidad con los planteamientos del texto, y argumentábamos ampliamente las razones que nos acompañan. Entre otras cosas señalamos que la modificación supondrá la existencia de mayores trabas burocráticas al momento de acceder al servicio de justicia gratuita, generando costes innecesarios e irrespetando el ejercicio de los abogados y de los colegios profesionales; ello por no hablar el trato injusto hacia aquellos ciudadanos que más necesitan el servicio de justicia gratuita, cuando se vean abocados a pleitear en diversas ocasiones a lo largo de un año.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial es otro de los documentos pendientes. Sobre este punto son innumerables las contestaciones hechas por Asociaciones Judiciales, Colegios Profesionales y colectivos de abogados en general. Nuevamente un vistazo atento a las redes sociales hará percatar al interesado del rechazo masivo con el que cuenta la reforma. Una modificación que, bajo la bandera de la modernización de nuestro sistema judicial y la agilización de la justicia, no supone sino un despropósito al reorganizar el sistema judicial de una manera difícil de compaginar con las estructuras y los medios de nuestro país en plena crisis económica. Una reforma que conlleva la desaparición de muchos juzgados y su “centralización” en capitales de provincia y el otorgamiento de mayor control para el Gobierno sobre el Poder Judicial entre otras cosas, en detrimento, como no del ciudadano y del justiciable. Sobre este respecto, se preparan movilizaciones de protesta en toda España además de las ya consumadas, a la espera de que el ministro Gallardón –el Gobierno- desista en su intención de tramitar la norma tal y como ha sido aprobada.

Se trata entonces de una de los planteamientos más complejos, al que con anterioridad dedicamos tres entregas referidas a los tópicos que abarca el documento. En primer lugar, la reorganización de los tribunales, la especialización judicial, la profesionalización de determinados operadores y finalmente, el incremento de la seguridad seguridad jurídica con la reducción de la litigiosidad.

Sin duda alguna, las pretensiones del Gobierno a través de la batería de reformas planteadas por el ministro Gallardón dejan en evidencia la intención de debilitar el sistema jurídico y el ejercicio de la abogacía tal como se conoce. Además, vulnera en gran medida el derecho ciudadano de acceso a la justicia, favorece la “justicia para los más ricos” (sólo hay que estudiar un poco cualquier artículo escrito sobre la Ley de Tasas).

A este punto, queda sólo esperar al mes de septiembre, cuando se asume iniciarán nuevamente los debates y demás trámites de las modificaciones. Por supuesto, con la ayuda de todos  continuarán las manifestaciones de rechazo a las reformas en el marco de la defensa de los derechos de los ciudadanos y los profesionales que ejercen dignamente la labor legal, pero para ello es necesario seguir difundiendo y compartiendo las opiniones de profesionales que día a día lo dan todo para concienciar al ciudadano de que, sólo él, tiene más poder en sus manos que cualquier letra impresa. Sobre todo cuanto más cerca se encuentran las elecciones.

Desde aquí esperamos poder escribir de nuevo muy pronto, conscientes del poder de las redes sociales. Porque, aunque nuestro Sr. Ministro jamás lo diga, nuestra voz le llega. No le quepa al lector la menor duda

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

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