La responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

Prison Hands 2

La tendencia en nuestro país, siguiendo la línea marcada por otros de nuestro entorno, como casi siempre, ha evolucionado hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Código Penal de 1995 dio el primer paso mediante el establecimiento de determinadas consecuencias jurídicas accesorias al delito de imposición a las personas jurídicas, pero fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, la que vino asentar la revolución con el reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 31 bis C.P.). Se reconocía con ello la posibilidad de que fueran objeto de imposición de auténticas penas en el sentido estricto como refleja el artículo 33.7 C.P., de acuerdo con el sistema reglado del artículo 67 bis C.P., relegándose las consecuencias accesorias a cualquier otro grupo o entidad que carezca de personalidad jurídica (artículo 129 C.P.). Por su parte, la reforma del pasado año ha venido a concretar aspectos como el de la autoría y las circunstancias que pueden eximir de responsabilidad.

Las críticas doctrinales desde la concepción clásica de la teoría del delito no se han hecho esperar, puesto que considerado éste como toda acción u omisión típica dolosa o imprudente, antijurídica y culpable, resulta muy difícil el recurso a estos conceptos para definir conductas de quienes carecen de la subjetividad propia al ser humano, las personas jurídicas. Del mismo modo, las concepciones clásicas de la imputación de conductas (fin de la norma, generación del riesgo, significación social y, esencialmente, la acción u omisión dolosa o culposa) se ven sustituidas sin remedio por la de haber llevado a cabo una actuación en el ámbito de una persona jurídica y en beneficio de la misma, como parece desprenderse del artículo 31 bis C.P., caminando en definitiva hacia una responsabilidad puramente objetiva por un hecho delictivo de referencia, como sostiene M.A. Boldova Pasamar (La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación Española, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIII (2013). ISSN 1137-7550: 219-263).

El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha erigido de forma absolutamente particular, y toma como características las siguientes:

1º.- Se conciben las propias personas jurídicas como titulares de la responsabilidad penal.

El Código Penal no define lo que debe entenderse como persona jurídica por lo que habrá que acudir a otros campos del derecho positivo –como los artículos 35 y ss. del C.c.- para obtener una definición con cierto rigor jurídico. Tan sólo prevé la norma penal un régimen de las que se consideran excluidas (artículo 31 bis 5), normalmente vinculadas a la Administración, y a las que ni siquiera se aplica el régimen de las consecuencias accesorias del artículo 129 C.P. puesto que éstas dicen relación con entidades sin personalidad jurídica, y aquéllas, la tienen. Ello de no ser –aclara el propio 31.bis.5 C.P.-, que dichas formas jurídicas hubiesen sido creadas precisamente para eludir responsabilidades.

Es de destacar que la Ley Orgánica 7/2012, de reforma del código Penal, vino a dejar fuera de esta exclusión a los partidos políticos y sindicatos, que persistirán por ello con absoluta responsabilidad.

2º.- Concurrencia de responsabilidades.

La responsabilidad penal de la persona física y la de la persona jurídica pueden ser concurrentes. Es decir, por la comisión de un delito pueden responder simultáneamente una persona física y otra jurídica sin que la responsabilidad de una excluya la de la otra, pudiendo a tenor de la regla prevista en el artículo 31 bis 2 y 3 ser responsable la jurídica a pesar de quedar exenta la física.

Del artículo 31 bis 2 se extrae que la persona jurídica no comete el delito materialmente sino que debe existir una persona física que lo haga, si bien, paradójicamente, ésta no tiene porque resultar responsable (responsabilidad por hechos ajenos). El sistema, pues, no admite que las personas jurídicas puedan delinquir sino que serán responsables cuando las personas que lo hagan actúen “por”, “para” o “a través de” ellas. Como decíamos al principio de este post, se trata de un sistema de responsabilidad por transferencia, que, no obstante, goza de unas características específicas que lo hacen disponer de cierta autonomía pues no en vano, y hete aquí lo destacable.

  • La responsabilidad de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate un delito que haya tenido que cometerse por quien ostenta los cargos o funciones que el artículo 31 bis 1 menciona, aunque esa persona no se halle individualizada.
  • La concurrencia de circunstancias que afecten a la culpabilidad de la persona física (autor material) no incide en la de la jurídica, que permanecerá siempre ajena a aquéllas.

Puede afirmarse, en síntesis, que la responsabilidad de la persona jurídica se halla supeditada a la tipicidad y antijuridicidad de la conducta de la persona física, siendo irrelevantes, empero, la culpabilidad, la punibilidad y la perseguibilidad de ésta última (artículo 31 bis 2 y 3)

Y, en puridad, a la persona jurídica no se le podría atribuir la autoría directa del delito, así como tampoco la autoría mediata ni la coautoría en los términos previstos en la legislación actual de estas clases de autoría, sino, a lo sumo, una forma sui generis de participación impropia; esto es, en el delito cometido por la persona física (Boldova Pasamar). Estamos, en definitiva y utilizando la terminología del autor del estudio fuente del presente comentario, ante una responsabilidad vicarial limitada de la persona jurídica porque ésta responderá penalmente del delito aunque la persona física:

  1. a) no haya sido individualizada;
  2. b) no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella;
  3. c) esté exenta de responsabilidad por falta de culpabilidad;
  4. d) haya fallecido;
  5. e) se haya sustraído a la acción de la justicia.

A la hora del enjuiciamiento no será necesaria la condena de la persona física para la de la jurídica pues su responsabilidad es propia y autónoma, ni las circunstancias atenuantes o agravantes concurrentes en la primera tendrán incidencia alguna en la graduación de la responsabilidad de la segunda.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto y a pesar de esa cierta autonomía, la responsabilidad penal de las personas jurídicas da lugar a la existencia de una responsabilidad objetiva,por hechos ajenos (por tanto vicarial), acumulativa, de doble incriminación, de doble valoración jurídica, y por todo ello de difícil encaje con las garantías y postulados del Derecho Penal moderno, a no ser que éstos se modifiquen o se especifiquen para el supuesto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo que hablemos o estemos ante “otro Derecho penal”.

3º.- Sistema de lista cerrada o numerus clausus.

El sistema español vino a optar por un número limitado de supuestos en que procede la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la reforma del año 2010. El listado, que a continuación enumeraremos sin perjuicio de abordar cada supuesto de forma específica en posteriores entradas, no es ni el más exhaustivo ni probablemente el más conveniente desde un punto de vista de política criminal acorde a la realidad social del siglo XXI, destacando carencias como la falta de diferenciación clara del criterio por el que se atribuye la responsabilidad en el ámbito subjetivo (dolo o culpa) o en el de la comisión por omisión (infracción del deber de cuidado o exceso del riesgo).

En cualquier caso, y a modo meramente enunciativo, se establecen penas para las personas jurídicas en los siguientes delitos:

  • Tráfico ilegal de órganos (artículo 156 bis.3)
  • Trata de seres humanos (artículo 177 bis.7)
  • Tráfico y posesión de pornografía infantil (artículo 189 bis)
  • Acceso ilícito a datos o programas informáticos (artículo 197.3)
  • Estafas (artículo 251 bis)
  • Insolvencias punibles (artículo 261 bis)54
  • Daños informáticos (artículo 264.4)
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (artículo 288)
  • Receptación y conductas afines (artículo 302.2)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (artículo 310 bis)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis.4)
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (artículo 319.4)
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 327)
  • Depósito de sustancias peligrosas para el medio ambiente (artículo 328.6)
  • Contaminación o exposición a radiaciones ionizantes (artículo 343.3)
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (artículo 348.3)
  • Tráfico de drogas (artículo 369 bis)
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (artículo 399 bis.1)
  • Cohecho (artículo 427.2)
  • Tráfico de influencias (artículo 430)
  • Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 445.2)
  • Organizaciones y grupos criminales (artículo 570 quáter. 1)
  • Financiación del terrorismo (artículo 576 bis. 3)
  • Contrabando (artículo 2.6 de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio)

En posteriores entradas abordaremos los criterios de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas utilizados en nuestro sistema, y otras cuestiones de sumo interés como el régimen de circunstancias que afectan a su responsabilidad penal; su importancia y la brevedad que este canal exige imponen un estudio separado.

El Legislador ha querido estatuir un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas con el que combatir la delincuencia organizada y la utilización del factor empresa para dificultar la identificación e imputación de los responsables en complejos entramados societarios (sociedades pantalla, testaferros) utilizados para el delito. Y, como veremos de forma destacada por su importancia, el motor del sistema pasa por incentivar la auto-prevención del delito en el seno de las colectividades (empresas), lo que no se consigue -ahí estamos de acuerdo con el Legislador- si no con el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal del propio ente.

Y ello sin perjuicio de que con este sistema aparezcan problemas dogmáticos como los expuestos en este post (relacionados con la concepción clásica del delito), lo que debe motivar, quizá, la búsqueda de alternativas científicas con que definir nítidamente un nuevo Derecho Penal para las personas jurídicas, pero no dejar sin castigo las nuevas formas de criminalidad que el progreso nos depara.

Alex Garberi Mascaró

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3 comentarios

  1. Me encanta! Excelente artículo! Se nota que es un gran Letrado!
    Hay muy buenas referencias de este Ilustre abogado

  2. Excelente artículo sobre este tema!

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