Aspectos procesales de la imputación de las personas jurídicas en la L.E.Crim.

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La Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal, vino a modificar la L.E.Crim. -entre otras normas- introduciendo el procedimiento para el enjuiciamiento de las personas jurídicas. Evidentemente, nuestra vetusta -pero muy aprovechada Ley Procesal, que data como todos sabemos de 1882- difícilmente podía haber previsto algo al respecto.

En un momento en que tanto se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (aquí le hemos dedicado ya varios post), es adecuado repasar los aspectos procesales que nos servirán para estar al tanto de las formalidades legales así como algunas cuestiones prácticas. Como siempre, con espíritu investigador nos formularemos algunos interrogantes a modo de llamada al lector para que las resuelva.

Así, el procesamiento de entidades tendría las siguientes especificidades:

– Competencia del tribunal que juzgará a la persona jurídica:

El artículo 14 bis L.E.Crim. establece que, cuando el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley, se aplicará para el caso de las personas jurídicas el mismo supuesto previsto para las personas físicas.

– De la imputación a la persona jurídica:

El artículo 119 L.E.Crim. establece determinadas formalidades para la imputación de la persona jurídica, indicando:

a) Que la citación se efectuará en el domicilio social de la persona jurídica y requiriendo la designación de un representante, así como un Abogado y Procurador, so pena de que sean designados de oficio.
b) La comparecencia –del artículo 775- se practicará con la presencia del representante, el Abogado y el Procurador. La no comparecencia del representante no impedirá la sustanciación ni continuidad del procedimiento, que se entenderá con los profesionales designados.
c) El Juez informará al representante de la persona jurídica, o en su defecto al abogado, de los delitos imputados, mediante la entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.
d) Una vez designado el Procurador, éste será quien quede designado para todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que la Ley asigna carácter personal. En los casos en que éste haya sido designado de oficio, se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada.

La aplicación de estas reglas no va a estar exenta de problemas. De entrada, en el caso de que no logre hallarse a la persona jurídica y se le designen profesionales de oficio, difícil va a ser que éstos ejerzan una defensa adecuada de los intereses encomendados si carecen de posibilidades reales de comunicarse con su cliente. ¿Acaso se presume que el abogado de oficio va a poder contactar con la empresa si los esfuerzos del Juzgado han resultado inertes? ¿Hasta dónde podrá exigirse al profesional que destine recursos propios para comunicar con su cliente? Por otro lado, la designación del representante de la empresa en el proceso tiene también sus lagunas: ¿Quién deberá designarlo? ¿El administrador/Consejo de Administración? Pero, ¿Quid iuris si resulta que el administrador se encuentra también imputado en el seno del procedimiento y, sus intereses, colisionan con los específicos de la persona jurídica? Lo razonable en estos casos sería, evidentemente, que ambos intereses fueran defendidos por profesionales distintos.

– Cualidad del representante para asistir a la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada.

El artículo 120 L.E.Crim., ciertamente novedoso, contempla que se entenderán con el representante designado por la persona jurídica todos los actos de práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada para los cuales la Ley requiere o autoriza la presencia del imputado y que, su incomparecencia, no impedirá la celebración del acto, que se sustanciará con el Abogado defensor.

El problema surge aquí con la indeterminación de los actos para los que la Ley requiere o autoriza la presencia del imputado, que salvo aquellos que son personalísimos (interrogatorio, notificación de determinadas resoluciones y requerimientos), puede comprenderlo todo. O por lo menos esa es la interpretación que los abogados defensores vamos a proponer dada la conveniencia de que el representante del cliente viva de forma directa lo que dicen los testigos, por poner un ejemplo.

– Derechos procesales de la persona jurídica al momento de la imputación:

Una vez se proceda a la imputación, se tomará la declaración del representante de la persona jurídica, asistido por su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.

En dicha declaración serán aplicables los preceptos y derechos procesales a guardar silencio, no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, así como los demás derechos que resulten aplicables. Se hace la salvedad de que la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

Estas previsiones contenidas en el artículo 409 bis L.E.Crim., que no hacen sino extrapolar los derechos de cualquier imputado al ámbito de las personas físicas, ponen de relieve más si cabe la importancia en la designación del representante de la persona jurídica en el seno del proceso, toda vez que será su voz y su imagen. Aquello de enviar hombres de paja o testaferros no creemos que resulte ya una opción, si se pretenden dar explicaciones claras del comportamiento de la sociedad y transmitir una buena imagen al respecto.

– Medidas Cautelares procedentes contra la persona jurídica:

El artículo 544 quáter de la L.E.Crim., remite al Código Penal para indicar que las medidas cautelares procedentes en el caso de imputación de una persona jurídica serán las ya existentes en el ordenamiento (suspensión de actividades, clausura de establecimientos, intervención judicial, fianza, etc.). Para que se instauren las medidas, que deben ser solicitadas por las acusaciones, el artículo prevé la celebración de una “vista” a la que asistan todas las partes; se garantiza con ello una efectiva contradicción, debiendo destacarse la importancia del acto y de la aportación de pruebas con que rebatir la petición de manera adecuada.

Surge de nuevo, en esta instancia la duda sobre el binomio persona jurídica-imputada y persona jurídica-responsable civil ¿Cómo debe llevarse a cabo esa dualidad? ¿Pueden tener, efectivamente designados, los mismos representantes procesales? ¿Acaso no pueden convenir estrategias de defensa distintas? Desde luego, el juego de las mayorías va a dar mucha casuística en las sociedades capitalistas en supuestos en que la guerra por el control del poder propicie decisiones más estratégicas que convenientes a los intereses societarios; los más avezados juristas tendrán que empezar a pensar cómo asesorar a sus clientes sin que estos incurran figuras como las de los artículos 291, 292 y afines del C.P.

El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible por vía de apelación, y su tramitación tendrá carácter preferente, dice el artículo comentado.

– Domicilio de la persona jurídica:

Señala la norma que en el caso en que sean imputadas personas jurídicas, su domicilio podrá ser o bien el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas -ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente- o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros. (artículo 554 4º L.E.Crim.) Evidentemente, la norma ha tratado de acotar todas las opciones posibles en materia de domicilio, si bien la genérica formulación de “… aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes…” vuelve a dar mucho juego. ¿Será preciso el elemento normativo “documentos” o “soportes” para que se considere domicilio un determinado emplazamiento y, por ejemplo, se acuerde una entrada y registro en el mismo? ¿Quid iuris si no hay ni lo uno ni lo otro? ¿Quid iuris si se trata de un mero centro de negocios, que sólo acoge el servicio de llamadas, dado que se trate de una empresa “on-line” (que no son pocas en nuestros días)?

– Procedencia del juicio incluso en caso de no comparecencia de la persona designada por la persona jurídica:

Tal como se indica en puntos previos, cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Esta persona será el representante y podrá:

– Declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio.

– No declarar contra sí mismo ni confesarse culpable.

– Ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio.

La norma hace la salvedad, no obstante, de que no se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como testigo, lo que nos lleva a platearnos un supuesto de perversión de la prueba: pensemos en aquel testigo (trabajador de la empresa) que puede ser llamado al proceso (o que efectivamente lo es, pues nada impide a priori un cambio de representante ante el inminente plenario) y cuyas características o condiciones, hacen presumir al Consejo de Administración que no va a ser nada buena su deposición; o sencillamente, que es un ciudadano honrado que va a cumplir con su obligación legal de decir verdad en un juicio. ¿Quid iuris si se le nombra representante de la empresa para el juicio? ¿No supone ello finiquitar una prueba fundamental? Claro que como legal representante también puede hablar, pero la diferente calidad en la que lo haría degradaría su eficacia probatoria. Además, el parapeto legal que supone la obligación de decir verdad ya no podría esgrimirse por el trabajador que pensaba verter sus iras en el juicio ante sus jefes, sentados entre el público asistente. ¿Pondría su puesto de trabajo en peligro?

Nos recuerda también el artículo 786 bis de la L.E.Crim., que la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la celebración de la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado y el Procurador. Pero, en este caso ¿Dónde está el respeto al principio de audiencia y contradicción del acusado? ¿Puede exigirse realmente a los profesionales designados- quizás, de oficio- que ejerzan una defensa en condiciones cuando su cliente no fue escuchado ante el tribunal?

– Conformidad de la defensa:

El representante de la persona jurídica será quien deberá prestar su conformidad, siempre y cuando cuente con poder especial para ello. Dicha conformidad, que se sujetará a los mismos requisitos que para las personas físicas. Lo destacable aquí, según el artículo 787.8º L.E.Crim., es que prevé la posibilidad de conformidad parcial en un plenario, ya que la que concierne a la persona jurídica puede llevarse a cabo con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos. ¿Realmente alguien puede imaginar, que la asunción de responsabilidad de la persona jurídica no vaya a perjudicar a la de la persona física también imputada que generó la primera? ¿No es acaso, la conformidad, una asunción de hechos y su calificación? ¿Puede resultar absuelto el directivo que cometió una estafa, cuando la empresa ya conformó la pena que le correspondía a ella, esto es, vio claro que aquello era una estafa?
– Llamado a juicio mediante requisitoria:

A falta de domicilio social conocido, la persona jurídica imputada será llamada mediante requisitoria, cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia.

En la requisitoria de la persona jurídica, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la naturaleza, se harán constar:
– Los datos identificativos de la entidad.
–  El delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se haya fijado, con Abogado y Procurador, ante el Juez que conoce de la causa.

Cabe destacar que transcurrido el plazo fijado sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión (artículo 839 bis L.E.Crim).

Alex Garberi Mascaró

@GarberiAbogados

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