Nuevas Modificaciones propuestas a la reforma del Código Penal.

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El pasado 22 de enero el Pleno del Congreso aprobó con los votos que conforman la mayoría del partido de gobierno, el proyecto de reforma del Código Penal, cuya aprobación definitiva ahora está en manos del Senado. El texto ha sido criticado ampliamente por diversos sectores de la población de entre los que destacan, como no, juristas, catedráticos y operadores de la Justicia en general.

Muchas son las cuestiones que merecen un estudio y reflexión en profundidad, por lo que trataremos desde este sitio de dedicar más de un artículo a medida avance su conocimiento y/o implantación.

Por el momento, nos parece destacable mencionar cuestiones como:

1.- La modificación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2.- La novedosa figura de la “prisión permanente revisable”.

3.- Las novedades en materia de delitos relacionados con la corrupción.

4.- El aumento de la represión de conductas relacionadas con la propiedad intelectual y la ciberdelincuencia. La libertad de expresión e información.

5.- El incremento de la penalidad de determinadas conductas considerados hasta ahora como “falta”, que pasan a ser consideradas delito, desapareciendo aquella categoría en pos de sanciones administrativas.

Cabe destacar que el proyecto enviado al Senado dista del proyecto original que fue revisado por los órganos consultivos, puesto que el gobierno ha incorporado una serie de modificaciones al proyecto después de emitidos los informes de revisión, situación que también ha sido ampliamente cuestionada; Es ya costumbre en este país legislar de espaldas a los sectores más expertos.

1.- Modificación del Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:

A este tema nos referimos anteriormente en otros artículos, destacando que se ha optado por un sistema en el que, si bien se suprime del texto original el artículo 286 seis llamado a introducir un nuevo delito tipificando el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de vigilancia o control que resultaren exigibles para evitar la comisión de delitos (sistema del Corporate Compliance), la responsabilidad penal de las personas jurídicas permanece conforme al redactado actual del C.P, incentivando el desarrollo de los programas de cumplimiento normativo

Por otra parte, se aprueba una nueva redacción del artículo 31 bis C.P. que supone:

  • La limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los casos en que el incumplimiento del deber de vigilancia y control pueda calificarse de “grave”.
  • La importancia de los programas de “Corporate Compliance” como instrumento parta la prevención y reducción del riesgo de comisión de delitos, destacando que la supervisión de dichos programas pueda atribuirse al órgano al que corresponda la eficacia de los controles internos de la empresa.
  • La regulación expresa de los casos en los que deberá efectuarse una verificación periódica del modelo instaurado.

2.- Prisión permanente revisable:

Este ha sido uno de los aspectos más cuestionados de la norma y las comparaciones con la figura de la cadena perpetua no se han hecho esperar. Se establecen penas entre 25 y 35 años de prisión para delitos de excepción al gravedad (genocidio, asesinatos en serie, los cometidos en el seno de una organización criminal, contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, o el tan curioso como infrecuente homicidio del Rey o Jefes de estado Extranjeros). La novedad reside en que las penas serán revisadas cada dos años para comprobar si existe o no un pronóstico favorable de reinserción, y, si bien la garantía reside en que ese control estará en manos del juez, la crítica es fácilmente imaginable: estamos de facto ante la posibilidad de penas permanentes, sine die, si no existe ese pronóstico de reinserción; por no hablar del -siquiera escaso- margen a la arbitrariedad o de las nefastas consecuencias del error de diganóstico -me atrevo a aventurar-, toda vez que los servicios penitencarios y no el juez son los llamados a informar estas cuestiones.

En la práctica los detractores de la norma consideran que es innecesaria y no aportaría nada al sistema de justicia español, que ya actualmente es el cuarto país con menor delincuencia pero el primero en población carcelaria en toda Europa; este dato debería hacernos reflexionar a todos sobre el uso -o abuso- que se hace en España del instituto de la prisión provisional (habrá post)

Aunque la norma Constitucional no prohíbe expresamente la cadena perpetua, es obvio que la garantía configurada a partir de los artículos 10, 15 y 25 CE proscribe cualquier cosa que se le parezca; este es y ha sido el sentir de nuestro sistema de Derecho desde 1978. Por ello, el CGAE ya ha entendido que revisable o no, la pena de prisión permanente no tiene encaje constitucional chocando frontalmente con el principio de reinserción. 

3.- Delitos relacionados con la corrupción:

Se propone la modificación de hasta 17 delitos, entre ellos la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, fraudes y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Se incluye el delito de financiación ilegal de partidos políticos, bien sea mediante recepción de donaciones o aportaciones; o a través de la participación en estructuras u organizaciones con tal objeto. Ahora bien, no habrá cárcel (delito) si no se supera la suma de 500.000 €, lo que no deja de causar asombro ante una reforma que se ha vendido como baluarte de la lucha contra la corrupción. De hecho, hay quien dice que con los “papeles de Bárcenas” en la mano el famoso imputado podría continuar siendo Tesorero del PP ya que “… nadie ha dado más de 500.000…”. O sea, que el particular o la gran empresa que siga llenando la “caja b” de los partidos (siempre de forma altruista, claro, no vayamos a pensar que ese tipo de donación persigue nada a cambio) con menos de 500.000 € (un sólo € basta) lo seguirá haciendo impunemente. Los Jueces Decanos y 63 Catedráticos de Derecho Penal de este país ya han transmitido que la reforma ha pasado de puntillas sobre la lacra de la corrupción.

No deja de ser loable, eso sí, que el texto venga a exigir a los condenados por delitos de corrupción la devolución del dinero sustraído como condición sine qua non para obtener cualquier beneficio penitenciario.

La cuantía para el delito fiscal, otra de las figuras en las que se podía haber reflejado una verdadera voluntad de terminar con la corrupción -fraude- , se queda como está (120.000 €).  El Grupo Socialista presentó una enmienda para que se redujera a 50.000 €, lo que no deja de ser curioso porque podía haberlo propuesto cuando gobernaba. Si a ello le añadimos la prerrogativa de los 2 meses para regularizar el fraude desde que se es imputado introducida por la LO 7/2012, que supone la reducción considerable de la pena de prisión y de la multa por este delito, es evidente, de nuevo, que hay pocos “incentivos” para que el defraudador (de alto standing, claro) deje de serlo en la regulación que viene.

Entre las 58 medidas que propusieron los Jueces Decanos el mes de diciembre pasado destacaba el incremento de las penas para los delitos asociados a la corrupción, como las negociaciones prohibidas a funcionarios (castigadas con cárcel de 1 a 6 años), el cohecho (de 3 a 6 años) y la prevaricación (solo lleva aparejada inhabilitación), pero el Gobierno ha hecho caso omiso y ha optado por ampliar los plazos de inhabilitación para todos. Para la malversación, eso sí, se ha incluido un supuesto agravado cuando el perjuicio al patrimonio público supere los 50.000 €, pudiendo alcanzar los 12 años de prisión los casos de especial gravedad.

4.- Las conductas relacionadas con la propiedad intelectual y la ciberdelincuencia. La libertad de expresión e información.

Con el nuevo texto se penalizan los sitios web de enlaces a obras protegidas por derechos de autor, algo que estaba cantado dada la problemática surgida en torno a este tema en los últimos tiempos; también será objeto de castigo la manipulación con fines comerciales fabrique, importe, ponga en circulación o tenga medios dirigidos a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador o cualquiera otras obras.

Para completar el paquete, se castiga hasta con 3 años la obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema informático ajeno (Hacking), y con hasta 2 años la producción, adquisición o suministro a terceros de programas informáticos -creados o adaptados- dirigidos a cometer los delitos anteriores, o a quebrantar una contraseña, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a un sistema de información. Y ojo porque el denominado Hacking ético (intromisión en un sistema informático ajeno para detectar y denunciar su vulnerabilidad) tiene la misma pena.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entidad de reciente creación cuya finalidad es la defensa de los derechos de libertad de expresión e información en España que aglutina a 19 organizaciones como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESPM) o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), afirma que la reforma enviada al Senado supone un grave atentado a la libertad de expresión y comunicación y el castigo de actividades declaradas legales reiteradamente por los tribunales.

Precisamente estos dos derechos pueden verse afectados por la redacción del artículo 559, que tipifica la difusión de mensajes y consignas que puedan perturbar la paz social, con un redactado que invita a pensar que de lo que se trata es de evitar los novedosos escraches. La imprecisión y ambigüedad de las que adolece el redactado crea cierta inseguridad jurídica, pues no en vano castiga la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis C.P., o “… que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo…”. Cada cual sacará sus conclusiones, pero es innegable que el grado de subjetividad que alcanza la construcción semántica es innegable.

Los 63 catedráticos firmantes del manifiesto contra la reforma acusan al Gobierno de “deslealtad democrática” con unas previsiones penales que consideran autoritarias y regresivas, repletas de términos ambiguos y por ello con claro compromiso del principio de legalidad penal, haciendo extensivas sus quejas a la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. Las reformas propuestas -afirman- “… beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas…”.

Por último, Amnistía Internacional ha calificado de “grave retroceso” para la libertad de expresión y de reunión pacífica la reforma del Código Penal toda vez que castiga la resistencia pacífica grave con penas de prisión.

5.- Se incrementa la gravedad de considerables conductas, elevando faltas a nivel de delito

La reforma produce un incremento de la gravedad de las conductas consideradas hasta ahora como falta, convirtiéndolas en delitos menos graves o en sanciones administrativas reguladas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ello el ámbito de los accidentes de tráfico se ve afectado al pasar al ámbito civil, con el consiguiente perjuicio que supone el tener que abonar las cuestionadísimas #Tasasjudiciales (recomiendo encarecidamente informarse en redes sociales sobre el movimiento “#T”, todo un fenómeno al alza); la renuncia de muchos ciudadanos al ejercicio de acciones de reclamación está servida.

Adicionalmente a estos temas, también se abordan otras reformas en el proyecto como el incremento hasta los 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales; la tipificación como delito de conductas como la zoofilia, el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes íntimas; y la manipulación de los dispositivos de control usados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares en violencia de género.

Asimismo, se reduce se reduce la pena para los piquetes de las huelgas y se propone la obligación del gobierno de enviar a cada seis meses un informe al Congreso, explicando la concesión y denegación de indultos, lo que, dicho sea de paso, sabe a poco en esta materia que tanto colisiona con el principio de separación de poderes.

Como puede verse la polémica está servida. Y no es la única norma cuestionada y cuestionable que se nos avecina, pues la reforma de la L.E.Crim. está a la vuelta de la esquina (la abordaremos en otro post). Hay quien dice que las reformas legales de esta última legislatura son las peores desde la transición democrática, ya lo hemos dicho.

Lo que nosotros afirmamos es que cada vez se está legislando con mayor reproche social y sin contar de verdad con amplios consensos en todos los sectores sociales, entre los que yo reivindico la magnífica Abogacía de este país; y eso nunca ha sido bueno.

Ya se pueden arremangar nuestros Magistrados del Tribunal Constitucional, porque se avecinan tiempos convulsos. Eso, si es que disponen de medios, que ya es mucho decir tal y como está la Planta de recursos, que esa es otra… y gorda.

Otros vínculos de interés:

 

Alex Garberí

@garberiabogados

Un comentario

  1. Considero, dentro de mi humilde modestia, y agradeciendo la información vertida, que en la mayoría de las reformas propuestas se evidencia una mano recaudatoria que para nada favorece sino entorpece al ciudadano y a los doctos en Derecho.
    Espero equivocarme

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