Cuatro decisiones jurisprudenciales en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

jurisprudencia-responsabilidad-penal

Como sabemos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas Introducida en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba el Código Penal y remodelada en la reforma recién aprobada que entrará en vigor el 1 de julio de este año, es un tema aún novedoso en nuestra ordenamiento. Estamos todos expectantes a la espera de sentencias de nuestros tribunales que aborden el tema a fin de vislumbrar cómo se configura en cada caso, qué supuestos tienen mayor aplicación y cómo se aplican las diferentes modalidades de penas previstas específicamente.

Ya hemos dedicado alguna entrada a hablar de la responsabilidad de las personas penal jurídicas (AQUÍ y AQUÍ) prevista hasta el momento en el artículo 31 bis del C.P., destacando ahora sólo de pasada que el régimen pasa a ampliarse modificándose el redactado de dicho artículo y con la introducción de los nuevos 31 ter, 31 quater y 31 quinquies, quedando como sigue:

“Artículo 31 bis

  1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
  2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

  1. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
  2. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.
  3. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.”

“Artículo 31 ter

  1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
  2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.”

“Artículo 31 quáter

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

  1. a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
  2. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  3. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.”

“Artículo 31 quinquies

  1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
  2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.”

Aunque hasta el momento han resonado en medios de comunicación diversos casos en la materia, probablemente por la popularidad de los sujetos implicados como en la imputación del F.C. Barcelona por el Juez Ruz de la Audiencia Nacional (Caso Neymar), todavía no contamos con pronunciamientos que en cantidad y calidad vengan a ofrecer orientación o consolidar jurisprudencia en la materia. Sin embargo, sí podemos hacernos eco y eso pretendemos con el presente post de algunas decisiones judiciales recientes que merecen un somero comentario:

  1. Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 4ª), Sentencia num. 81/2014 de 17 marzo:

La Audiencia de Cádiz nos confirma –y poco más- lo que es la previsión legal de que las personas jurídicas responden únicamente por los delitos en que expresamente se prevé esa posibilidad en el Código Penal y no por faltas:

“El art. 31 bis del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) pfo 1 establece:” En los supuestos previstos en este Código , las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.” No solamente el precepto hace referencia a “delitos” sino que establece “en los supuestos previstos en este Código” y entre dichos supuestos no se encuentra ninguna de las faltas tipificada en el CP, sin que quepa una aplicación extensiva o analógica del precepto que iría en contra del principio de legalidad y del art 4,1 del CP. Por todo lo cual, en cuanto que no es posible condenar a una persona jurídica por ninguna falta procede la desestimación del recurso.”

En este sentido, la próxima desaparición de las faltas con la entrada en vigor de la última reforma prevista para julio de este año y el principio de taxatividad anunciado en la Exposición de Motivos de la reforma despejan cualquier atisbo de duda respecto de esta cuestión específica.

2. Audiencia Nacional (Sección 4ª, Sala de lo Penal), Auto num. 260/2014 de 17 diciembre:

La Audiencia Nacional confirma la imputación de una sociedad mercantil estatal, considerando que la exclusión de la responsabilidad penal a que se refiere el 31bis.5 versaría únicamente respecto al Estado y resto de instituciones y organismos púbilicos, y no sobre las sociedades mercantiles estatales. En este último caso, la exclusión no procede de manera inmediata sino que debe condicionarse la misma a la naturaleza de su actividad, analizando el efectivo y real ejercicio de una política pública o la prestación de un servicio de interés económico general.

“El Tribunal considera que la exclusión del ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 31bis CP, es en todo caso, para el Estado y resto de instituciones y organismos públicos del Estado, sobre los que se hizo sintéticamente el recorrido que se recoge en el razonamiento jurídico tercero, a diferencia de lo que acontece para con las sociedades mercantiles estatales, cuya exclusión se condiciona a ese efectivo y real ejercicio de una política pública o la prestación de un servicio de interés económico general que, en nombre del sector público empresarial del Estado, (vinculado a la ejecución de una política pública o la prestación de un servicio económico general) se despliega.”

3. Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3a), Sentencia num. 742/2014, de 17 de diciembre:

La Audiencia de Madrid condena a una persona jurídica por un delito de estafa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 251 bis.2 C.P, declarando la responsabilidad penal al haberse demostrado los hechos cometidos y su participación directa, material y voluntaria en concepto de autor. Cabe destacar que el delito fue perpetrado por el administrador único de la empresa, derivándose así la responsabilidad penal de la persona jurídica por acción de su administrador, en los términos previstos en el artículo 31bis.1.

“CUARTO

 Los hechos declarados probados son constitutivos respecto de la entidad Grupo Boca de Restauración Integral S.L. un delito de estafa previsto y penado en el art . 251 bis – 2º del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y que castiga a la persona jurídica que conforme a lo dispuesto en el art . 31bis, sea responsable de los delitos cometidos en esta Sección.

QUINTO

.- Del citado delito son responsables en concepto de autores el acusado Hilario y la entidad Grupo Boca de Restauración Integral S.L, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos conforme establecen los arts. 27 , 28 y 31 bis del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) .”

4. Audiencia Nacional (Sección 1ª, Sala de lo Penal), Sentencia num. 2/2015 de 23 enero:

Interesante sentencia que confirma la imposibilidad de declarar responsables penalmente aquellas sociedades aún no constituidas formalmente, o, en puridad, carentes de personalidad jurídica (que viene dada por su inscripción en el registro público correspondiente), disponiendo que:

“Lo cierto es que, a efectos penales como es el caso, nos encontramos ante una sociedad irregular carente de personalidad jurídica, y por lo tanto excluida del sistema de responsabilidad penal que para las personas jurídicas establece el artículo 31 bis del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) en redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio ( RCL 2010, 1658 ) , siendo aplicable en su caso, las denominadas “consecuencias accesorias” contenidas en el artículo 129 del CódigoPenal, expresamente previstas para ese tipo de entidades jurídicas . La nota distintiva de este tipo de sociedades es su incapacidad para realizar acciones jurídicamente relevantes y para actuar culpablemente, ya que salvo a efectos fiscales, no existen como tales formalmente, por lo que mal se podía haber otorgado poder alguno legalmente válido en favor de Juan Alberto para el alquiler de la nave de Sabadell, o para cualquier otra operación, ya que no existía persona física o jurídica alguna investida de las facultades legales para ello. Es más incluso a efectos penales, una sociedad irregular carece de patrimonio propio, y en consecuencia, ni se le puede disolver, ya que no existe como tal, ni se le puede imponer una sanción pecuniaria ya que carece de patrimonio autónomo; y todo ello, sin perjuicio de las obligaciones que los socios pudieran haber asumido en nombre de la sociedad frente a terceros, que les sería exigible en su caso en vía mercantil.”

Que las sociedades no inscritas en el Registro Mercantil carecen de personalidad jurídica y, por tanto, quedan excluidas del régimen de responsabilidad penal previsto por el C.P. estaría claro, siendo más cuestionable que todo acto o negocio jurídico en que participara careciera de efectos en el tráfico económico. En cualquier caso, el dato es la ausencia de responsabilidad penal que impediría incluso la imposición por esa vía de sanción pecuniaria alguna -por carecer de patrimonio propio y autónomo al de, eventualmente, sus socios o copartícipes- o decretar su disolución.

Alex Garberí Mascaró

@GarberiAbogados

Facebook

Branded.me

Si os ha gustado el post, no olvidéis dejar vuestros comentarios y compartirlo a través de las redes sociales. Muchas gracias!

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies