Las declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio

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El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha adoptado un importante acuerdo el 03/06/2015 (aquí), acerca del valor probatorio de las declaraciones prestadas ante la policía. El acuerdo dice textualmente que:

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR. Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR. Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. Sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Para constatar, a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron. Este acuerdo sustituye el que sobre la materia se había adoptado en el mes de noviembre de 2006.”

El Acuerdo sustituido, de 28/11/2006, mucho más escueto pero que ha dado lugar a innumerables sentencias condenatorias en el ámbito penal afirmaba lo siguiente:

“Las declaraciones válidamente prestadas ante la policía pueden ser objeto de valoración por el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia”.

¿Un verdadero cambio de paradigma?

Los medios de comunicación no han tardado en hacerse eco de la noticia con llamativos titulares acerca de la ineficacia probatoria de las declaraciones prestadas fuera del proceso (he llegado a leer que el TS ha «despojado» a la autoridad policial de la presunción de veracidad de que gozaba). Pero en realidad, como comentamos seguidamente, el acuerdo del TS no ha hecho sino plasmar por escrito lo que viene siendo doctrina consolidada en la materia en los últimos años. Lo que tiene de valor el acuerdo, por tanto, a mi juicio, es que reafirma por enésima vez el principio general de que la presunción de inocencia debe quedar desvirtuada plenamente en el acto del Juicio Oral, reforzando más si cabe -en línea con los postulados del TC- que el control de la prueba -en este caso, referido a las declaraciones de quienes intervienen en el proceso- corresponde al Juez o Tribunal.

El status quo de la cuestión

La STS 1055/2011, de 18 de febrero y más recientemente las STS 229/2014, de 18 de febrero, 374/2014, de 29 de abril, 173/2015, de 17 de marzo y 174/2015, de 14 de mayo abordan la cuestión relativa a la posibilidad de valorar como única prueba de cargo las declaraciones de acusados y testigos realizadas ante la policía y no ratificadas, o rectificadas, ante las autoridades judiciales admitiendo la existencia de criterios dispares entre las propias sentencias del TS y del TC, ya superados en el sentido de la jurisprudencia constitucional emanada de las SsTC 68/2010, de 18 de octubre, 53/2014, o más recientemente de la STC (Pleno) 165/2014, de 8 de octubre.

Se ha entendido, como principio, que las únicas pruebas de cargo que pueden ser valoradas con eficacia enervante de la presunción de inocencia son las practicadas en el juicio oral bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y, ordinariamente, de publicidad, mientras que las diligencias practicadas en la fase de instrucción son solamente medios de investigación que permiten preparar la decisión sobre la apertura del juicio oral e identificar y asegurar los medios de prueba. La regla general, no obstante, admite excepciones, esto es, supuestos en los que las diligencias sumariales sí gozan de valor probatorio, siempre y cuando cumplan algunos requisitos  mínimos y sin extenderse a supuestos distintos.

Declaraciones testificales

Concretamente, en lo que se refiere a las declaraciones testificales hay que distinguir entre las diligencias sumariales (prestadas durante el sumario, esto es, en el período procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto que declara conclusa la instrucción) de las prestadas ante la policía (“pre o “extra” procesales, que tienen por objeto la formación del atestado). En las primeras interviene la autoridad judicial, mientras que en las segundas, obviamente, sólo la policía.

Para las diligencias sumariales, los artículos 448, 449 y 797.2 de la L.E.Crim contemplan supuestos de prueba preconstituida, y los artículos 714 y 730 L.E.Crim permiten incorporar al plenario el resultado de diligencias sumariales cuando se aprecie contradicción entre lo declarado ante el Juez y lo declarado en el juicio oral o cuando resulte imposible o de extrema dificultad la presencia del testigo en el acto del juicio (mediante lectura). La jurisprudencia ha entendido que el Tribunal puede atender razonadamente a una u otra declaración para establecer el relato fáctico. Se trata, por lo tanto de la incorporación al plenario, como pruebas, del resultado de diligencias sumariales, esto es, con intervención del juez por imperativo legal, para que el Tribunal pueda proceder válidamente a su valoración. Como indicaran ya en su día las SsTC 51/1995 y 206/2003, los cauces establecidos por los artículos 714 y 730 L.E.Crim se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha.

Para las declaraciones policiales, debe concluirse que carecen en principio de valor probatorio de cargo, no bastando con su reproducción en el juicio oral para que puedan ser tenidas como pruebas (STC 31/1981; 51/1995; y 206/2003), siendo necesario para ello que sean ratificadas y reiteradas a presencia judicial. Ello no obstante, se ha considerado posible que en circunstancias excepcionales (cuando sea imposible la práctica de la prueba en fase instructora o en el juicio oral con todas las garantías, dice la STC 7/1999) tales diligencias alcancen valor probatorio de cargo si sus resultados son introducidos en el juicio oral mediante la práctica de auténticos medios de prueba (SSTC 36/1995, de 6 de febrero; 7/1999, de 8 de febrero y 206/2003, de 1 de diciembre). En estos casos excepcionales las declaraciones testificales prestadas ante la policía pueden ser introducidas válidamente mediante la declaración referencial de los agentes policiales que las presenciaron. Pero ojo, solamente de forma excepcional cuando no sea posible la declaración del testigo directo, ya que cuando éste comparece ante el Tribunal y declara rectificando su manifestación policial, la inculpación que formuló no podrá ser tenida en cuenta como prueba de cargo mediante la declaración de los agentes que la presenciaron, que se erigen entonces como testigos de referencia; y ello porque prevalece la declaración del testigo directo frente a la del referencial, siendo además que la declaración prestada en comisaría se halla huérfana de control judicial y no así la que tiene lugar en el plenario.

Declaración de imputado

El TS ha admitido la aplicación del artículo 714 de la L.E.Crim. previsto para los testigos a los casos en que exista contradicción entre las declaraciones sumariales del acusado y las prestadas en el juicio oral. Se admite que el Tribunal tenga en cuenta, total o parcialmente, unas u otras en función de la valoración del conjunto de la prueba disponible. Pero ojo, dos cuestiones a destacar: i) hablamos de declaraciones sumariales prestadas ante el Juez de instrucción, de forma inobjetable, e incorporadas al juicio oral en condiciones de contradicción, y ii) la elección del Tribunal (especialmente cuando se acoja la versión sumarial que no ha presenciado con inmediación), debe venir acompañada en la sentencia del razonamiento de la decisión, con valoración expresa de los elementos de corroboración que la justifican (STS núm. 1105/2007 y STS núm. 577/2008).

Cuando se trate de declaraciones prestadas en sede policial la virtualidad probatoria se dibuja de la siguiente forma:

1.- Primeramente, cabe establecer su validez descartando la vulneración de derechos fundamentales en el proceso de toma, a lo que pueden contribuir las declaraciones en el plenario de los agentes que las presenciaron.

2.- Aún habiendo sido prestadas de forma correcta, no pueden ser incorporadas como prueba de cargo a través del artículo 714 L.E.Crim. porque no se prestaron ante un Juez, única autoridad con independencia institucional suficiente para preconstituir pruebas.

3.- Ahora bien, si de tales declaraciones se extrajeron datos objetivos antes desconocidos que permitieron seguir la investigación y obtener verdaderas pruebas, las diligencias de comprobación de esos datos podrán ser valoradas por el Tribunal si se incorporan adecuadamente al juicio oral (a través de otras pruebas).

4.- Con ello, el Tribunal puede alcanzar determinadas conclusiones fácticas por vía inferencial en función de la valoración del conjunto de la prueba, pero en ningún caso el contenido de la declaración prestada en sede policial puede constituir prueba de cargo (en este sentido se pronunciaban ya la STS núm. 541/2007 y la STS núm. 1228/2009)

Al hilo de todo lo anterior, de forma más reciente la STS 53/2014, de 4 de febrero, ratifica esta doctrina remitiéndose a dos sentencias del TC que analizan la exclusiva validez de las pruebas practicadas en el juicio oral a los efectos de enervar la presunción constitucional de inocencia; se trata de la STC del Pleno de 28 de febrero de 2013 y la más antigua pero no menos importante STC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1, desde la que ya se vino a reconocer que la regla general admite excepciones que permiten integrar en la valoración de la prueba el resultado de diligencias sumariales (no extra-procesales) si se cumplen determinados requisitos materiales (que exista una causa legítima que impida reproducir la declaración en el juicio oral), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo cual ha de haber sido convocado el Abogado del imputado al interrogatorio sumarial del testigo) y formales (la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura conforme al artículo 730 L.E.Crim., o a través de los interrogatorios, lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a su confrontación con las demás declaraciones de quienes sí intervinieron en el juicio oral).

En síntesis, pues, nada nuevo aporta el Acuerdo de 03/06/2015. Decir que las declaraciones policiales no tienen valor probatorio es tanto como decir que sólo con esa prueba (sin ratificación de ningún tipo) no puede condenarse a un ciudadano en un juicio oral (estaríamos listos de lo contrario), pero acaso hay que contar con la cada día más eficaz labor de investigación que efectuará la policía tras obtener esa primera versión inculpatoria, obteniendo verdaderas pruebas de los datos facilitados de los que se servirá el Fiscal en el plenario.

Recomendaciones del abogado defensor

Ya en una ocasión anterior comentábamos los peligros de la declaración espontánea o confesión ante la policía, y la necesidad de la presencia del abogado en las primeras pesquisas. Algunas recomendaciones más no sobran:

  • Nada de confesiones ante la policía (véase este post anterior) de no ser que esa sea la mejor estrategia de defensa, lo cual resulta difícil de determinar en los primeros momentos. El conflicto surge con la posibilidad de beneficiarse de una privilegiada atenuante (en boca cerrada no entran moscas).
  • Atención a la forma en que se obtiene la declaración policial (fundamental), y a la posible conexión de antijuridicidad con las restantes diligencias que seguirán a la inicial declaración (el uniforme no es toga).
  • Testigo de atestado, mejor si no pasa por el juzgado (agua que no has de beber…), no vayamos a pedir la declaración de un testigo que puede no acudir al juicio por mil razones.
  • Atención al contenido de los interrogatorios de los funcionarios policiales en el Plenario, tanto propios, como de las acusaciones (Protesto Señoría)

Equipo de Garberi Penal

 

Alex Garberí Mascaró

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Twitter: @GarberiAbogados

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