El miércoles 5 de marzo leí el post titulado “Las 18 razones por las que se debe imponer la instrucción por el fiscal frente a la judicial” en uno de los blogs jurídicos de mayor calidad actualmente, a mi entender, que suscribe el Fiscal J. A. F.A. Me gusta el sitio por muchos motivos pero no pretendo ahora ensalzar a ...

La Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal, vino a modificar la L.E.Crim. -entre otras normas- introduciendo el procedimiento para el enjuiciamiento de las personas jurídicas. Evidentemente, nuestra vetusta -pero muy aprovechada Ley Procesal, que data como todos sabemos de 1882- difícilmente podía haber previsto algo al respecto.

Entre el artículo 31 bis del Código Penal y el artículo 31.1 del Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) que desarrolla la Ley 10/2010, del 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, existe una curiosa dicotomía; una casual coincidencia numérica que obliga no obstante al estudio conjunto de ambos preceptos. Se trata ...

El pasado 22 de enero el Pleno del Congreso aprobó con los votos que conforman la mayoría del partido de gobierno, el proyecto de reforma del Código Penal, cuya aprobación definitiva ahora está en manos del Senado. El texto ha sido criticado ampliamente por diversos sectores de la población de entre los que destacan, como no, juristas, catedráticos y operadores ...

En un anterior post (aquí) nos comprometimos a comentar el tema de los criterios de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, por lo que a eso vamos, sin desaprovechar la oportunidad para comentar ciertos cambios –por ahora propuestas, ciertamente avanzadas- que están teniendo lugar en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal 4. Criterios de ...

La tendencia en nuestro país, siguiendo la línea marcada por otros de nuestro entorno, como casi siempre, ha evolucionado hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal de 1995 dio el primer paso mediante el establecimiento de determinadas consecuencias jurídicas accesorias al delito de imposición a las personas jurídicas, pero fue la Ley Orgánica 5/2010, de 22 ...